JS y PS abogan por salida político-jurídica a presos mapuches en huelga de hambre

La situación y la vida de los cuatro comuneros mapuches -en huelga de hambre hace 58 días- parecen insostenibles. Y tanto la Juventud Socialista de Chile a través del Presidente de la JSCH Juan-Pablo Pallamar y como el Partido Socialista, senador Jaime Naranjo junto al vicepresidente nacional indígena del PS, Domigo Colicoy solidarizaron enérgicamente con ellos e hicieron un llamado al gobierno a sensibilizarse dar urgencia al proyecto de ley que daría salida a la huelga de hambre.

“Es necesario que se genere diálogo entre los comuneros o sus familias y el Gobierno, pero además una salida jurídica que permita la libertad condicional a estas personas, como lo señala la moción del senador Navarro, para que se les garantice el derecho al debido proceso. Acceder a esto no es sinónimo de debilidad por parte del Gobierno, ni tampoco se pasa a llevar el Estado de Derecho”, declaró Naranjo.

Por su parte, el Presidente de la JS, dijo "no sólo solidarizamos con la causa de los huelguitas mapuhes sino lamentamos que tenga que llegarse a instancias extremas -en referencia a la huelga de hambre- para ser escuchados por las autoridades." A lo que agregó, "el gobierno no sólo debe abrirse a darle urgencia al proyecto de ley, sino además, establecer mecanismo de diálogo permanente con las organizaciones mapuches. La relación y el diálogo entre el pueblo mapuche y el estado, no puede depender de la buena voluntad de las autoridades de turno." sentenció Pallamar.

El proyecto de ley del senador Navarro se fundamenta en la “seria desprotección de las garantías procesales de personas mapuches” a través de la “utilización injusta, infundada y aberrante que hace el Estado chileno de la Ley Antiterrorista”, que condenó a los comuneros a penas de diez años y un día y una multa que supera los cuatrocientos millones de pesos. La crítica se extiende al uso de testigos “encapuchados” y a la reapertura de juicios contra estas personas cuya culpabilidad no fue probada en procesos anteriores.

En su informe “Derechos humanos y cuestiones indígenas” del Relator Especial de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, -cita Navarro-, se recomienda a Chile no criminalizar las “legítimas actividades de protesta o demanda social de las comunidades indígenas”, además de no aplicar “acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y otros reclamos indígenas”.